Empresarios desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional

El terrorismo de Estado que asoló a la Argentina entre 1976 y 1983, más allá de los crímenes de persecución ideológica y política que lo caracterizaron, era parte sustancial de un plan para la implementación de un modelo económico neoliberal, modelo que brindaba un sinnúmero de oportunidades para hacer nuevos negocios. Dentro de ese marco hubo otros desaparecidos, los empresarios, víctimas que poco tenían que ver toda esa violencia organizada, y mucho con simples actos delictivos comunes.

Las desapariciones de estos empresarios se debieron a que eran un obstáculo a saltar para los negocios del Gobierno de facto y sus socios, muchos porque tenían la suficiente ética y moral como para no vincularse a personas que habían violado todo tipo de leyes, y otros porque no respetaban los códigos del hampa.

Algunos casos

Uno de los casos testigos es el del empresario Federico Gutheim, dueño de la empresa Sadeco. A fines de 1976, el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, se encontraba negociando créditos con el Gobierno de Hong Kong, pero discrepancias entre empresarios de ambas naciones hacían peligrar la operación. Una de las empresas que trababan el acuerdo era la importadora textil Sadeco, por lo que el 5 de noviembre de 1976 la cúpula militar resolvió secuestrar a Gutheim y a su hijo para «convencerlos» de colaborar y resignar intereses, un proceso que llevó cinco meses.^[1]​^[2]​^[3]​^[1]​

Rafael Perrotta era dueño de El Cronista Comercial e informante del ERP. El medio gráfico de Perrotta era uno de los tantos medios que pretendía el almirante Emilio Eduardo Massera, miembro de la Junta Militar, para consolidar proyecto político personal, por lo que a fines de 1977 Perrotta fue secuestrado y desaparecido. Una anécdota macabra del hecho, fue el asado que sirvió el jefe de policía Ramón Camps en el centro clandestino de detención COT-I de Libertador al 14 000 el 16 de julio de 1977, para festejar que Rafael Perrotta (hijo) había pagado un rescate de 85 000 dólares estadounidenses para que liberaran a su padre, algo que jamás sucedió.^[4]​^[5]​

Otro caso importante es el de los hermanos Rodolfo, Carlos y Alejandro Iaccarino, el Gobierno de Videla, luego de mantenerlos en cautiverio durante casi dos años y obligarlos ―por medio de torturas― a transferir 25 000 hectáreas de tierras en la provincia de Santiago del Estero y un avión familiar a distintos testaferros, los liberó.^[1]​

El químico industrial Hugo Tarnopolsky, miembro de la Cámara Argentina de la Industria Química, fue secuestrado el 15 de julio de 1976 junto a su esposa, psicopedagoga de profesión. Un día antes había sido secuestrado su hijo, y ―según el testimonio de sobrevivientes―, el nombre de los Tarnopolsky se utilizaba en la ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada) para amenazar a otros secuestrados sobre la suerte que correrían sus familias.^[6]​

Se trata de un proceso complicado porque abundan responsables fantasmas, personas inexistentes y documentación falsa. Así lo dejó entrever el juez Luis Plana Alsinet, al ordenar restituir a familiares de dos empresarios desaparecidos tierras que les fueron robadas en Mendoza por un grupo de tareas de la Armada, en 1977. Al reactivar el caso, el juez puso en difícil situación a dos hijos del exalmirante Eduardo Massera, les anticipó que si se comprobaba que incurrieron en delitos, serían pasibles de un proceso penal y civil. Eduardo y Carlos Massera eran accionistas de una firma ficticia, Misa Chico S.A., creada con los activos robados a Victorio Cerutti y Horacio Palma. Estos dos comerciantes fueron secuestrados en enero de 1977, junto al abogado Conrado Gómez y a Omar Massera Pincolini, yerno de Cerutti. Todos estaban vinculados por negocios de la compañía Cerro Largo S.A., a la que pertenecían.^[7]​

También es relevante el caso de Eduardo Saiegh, arquitecto y banquero, dueño del Banco Latinoamericano (BLA), secuestrado el 31 de octubre de 1980.^[8]​

El caso Branca

Hoy su nombre está grabado en la piedra del Parque de la Memoria mirando al río que seguramente fue su tumba Hacia el fin de la dictadura el Ejército fogoneó su proceso ^[12]​

Massera intercedió ante el contralmirante contador Andrés Covas, puesto por él en la presidencia del Banco Central, para que autorizara una transferencia internacional por 1.6 millones de dólares estadounidenses, y así comprar los campos de Fernando Branca. Branca tenía vínculos económicos con Massera y quienes relacionan a éste con su desaparición plantean tanto la hipótesis de que su socio Jorge A. Piaggio y Alberto Lowenthal lo defraudaron.^[13]​^[14]​^[15]​^[16]​

Notas

• http://www.gacemail.com.ar/Detalle.asp?NotaID=5240
• http://www.clarin.com/diario/1999/05/29/t-01201d.htm
• http://www.derechos.org/nizkor/espana/juicioral/doc/declaracion.html