El Dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936 fue un informe de discutido valor jurídico,[1] anunciado el 21 de diciembre de 1938,[2][3] en el que se exponían los argumentos jurídicos con los que se justificó la sublevación militar contra el gobierno de la Segunda República Española[4] cuyo fracaso dio origen a la Guerra Civil. Fue entregado en febrero de 1939[6] a Ramón Serrano Suñer, ministro de Interior franquista, encargado de su ejecución.[a][7][8]
Los 22 miembros de la Comisión
La Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936 estaba compuesta por los siguientes miembros:
- Rafael Aizpún (1889-1981), ocupó dos carteras durante el Segundo bienio de la Segunda República Española, como ministro de Industria y Comercio, y ministro de Justicia entre octubre de 1934 y abril de 1935, que impulsó la Ley de 11 de octubre de 1934 por la que se restablecía la pena de muerte. Fundador en 1933 de Unión Navarra.
- Eduardo Aunós (1894-1967), ministro de Trabajo, Comercio e Industria durante la dictadura de Primo de Rivera y ministro de Justicia del franquismo.[12]
- Ildefonso Bellón (18..-19..), magistrado del Tribunal Supremo y falangista, elegido para presidir la Comisión.[3]
- Salvador Bermúdez de Castro O'Lawlor (1863-1945), ministro de Estado durante el reinado de Alfonso XIII y académico en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,[13] y la Real Academia Española.
- Abilio Calderón Rojo (1867-1939), ministro de Fomento y ministro de Trabajo, Comercio e Industria durante el reinado de Alfonso XIII, fallecido el 10 de julio de 1939.[14]
- Federico Castejón y Martínez de Arizala (1888-1972), catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Sevilla y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Experto gubernamental español de la Sección de Defensa social de la ONU, desde 1956, y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de Madrid (1950).
- José María Cid Ruiz-Zorrilla (1882-1972), sucesivamente ministro de Comunicaciones y de Obras Públicas durante el Segundo bienio de la Segunda República Española, se opuso al Estatuto de autonomía de Cataluña de 1932 y a la ley de Reforma Agraria.
- Joaquín Fernández Prida (1863-1942), ministro de Gracia y Justicia, ministro de Gobernación, ministro de Marina y ministro de Estado durante el reinado de Alfonso XIII.
- Álvaro Figueroa y Torres (1863-1950), conde de Romanones, presidente del Senado, presidente del Congreso de los Diputados, varias veces ministro y tres veces presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII.
- Santiago Fuentes Pila (1893-1969), uno de los fundadores de la Juventud Católica Española (JCE).[15] Implicado en el golpe de Estado conocido como la Sanjurjada.[17]
- Rafael Garcerán Sánchez (1906-1991), falangista, asistente jurídico de José Antonio Primo de Rivera.[18] Procurador en las Cortes franquistas entre 1943 y 1958, murió en Madrid a los ochenta y cinco años de edad.
- José Gascón y Marín (1875-1962), ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en el gobierno que, entre el 19 de febrero y el 14 de abril de 1931. Entre 1902 y 1916 fue catedrático de Derecho Político y Administrativo en las universidades de Sevilla, Zaragoza y Madrid.
- Antonio Goicoechea (1876-1953), senador y ministro durante el reinado de Alfonso XIII y líder del partido Renovación Española, durante el periodo republicano. Se le considera implicado en la participación de Mussolini apoyando el levantamiento militar.[19] Entre 1938 y 1950 fue gobernador del Banco de España.
- Wenceslao González Oliveros (1890-1965), gobernador civil de Barcelona en julio de 1939, donde organizó la visita que Heinrich Himmler realizó en octubre de 1940 a la Ciudad Condal.[20] Entre 1948 y 1962 fue presidente del Consejo Nacional de Educación.
- Rafael Matilla Entrena (1904-1962), falangista, secretario de la Comisión Calificadora de Bienes Sindicales,[21] y subjefe nacional de Cooperación.[22]
- José Luis Palau y Martí Alay (18..-19..), capitán del Cuerpo Jurídico Militar.[3]
- José Manuel Pedregal (1871-1948), Pedregal y Sánchez-Calvo fue ministro de Hacienda en 1922, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y presidente de la Institución Libre de Enseñanza. Hijo de Manuel Pedregal y Cañedo (ministro de Hacienda durante la Primera República Española, entre 1873-1874) y padre de Manuel Pedregal Fernández, presidente —tras el periodo franquista— de la Fundación Giner de los Ríos-Institución Libre de Enseñanza), su participación pudo quedar determinada por haber sido secuestrado en octubre de 1934 por los revolucionarios asturianos, aunque sería liberado más tarde.[23]
- Adolfo Pons y Umbert (1873-1945),[24] miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación entre 1893 y 1936, y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 1939 fue nombrado presidente interino de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y readmitido en su cargo en el Congreso. Se jubiló en 1943 y murió en Madrid en 1945.
- Adolfo Rodríguez Jurado (1899-1982),[25] presidente en 1931 de la Unión Nacional de Abogados y dirigente de la Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas,[26] expresidente de las Juventudes de Unión Patriótica en Sevilla y firmante del manifiesto antimarxista publicado en ABC el 31 de octubre de 1933.[27] Tras la Guerra Civil fue consejero nacional y procurador en Cortes por designación directa.
- Romualdo de Toledo y Robles (1895-1974), tradicionalista y miembro del Consejo de Dirección de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos; entre 1938 y 1951 fue director general de Enseñanza Primaria,[28] estableciendo, entre otras medidas, la obligatoriedad del crucifijo en las escuelas.[29]
- Manuel Torres López (1900-1987),[30] a pesar de ocupar temporalmente cargos como los de alcalde de Salamanca (1939-1940), consejero nacional de Educación, subdirector del Instituto de Estudios Políticos, consejero de la Hispanidad (1941), secretario-administrador de la Junta de Obras (1952-1962) y director general de Cinematografía y Teatro (1955-1956), formó parte del grupo constituyente de la primera oposición al franquismo, con Joaquín Ruiz Giménez, Pedro Laín Entralgo y Antonio Tovar.
- José María Trías de Bes (1890-1965), jefe de la asesoría del Ministerio de Asuntos Exteriores y miembro de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, y representó a España en el Tribunal Internacional de Justicia. Como jurista presidió la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.[31]
Notas
Referencias
Bibliografía
- «Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936». econbiz.de (Find Economic Literature. Consultado el 28 de julio de 2017.
- González Calleja, Eduardo (2000). «El Estado ante la violencia». En Santos Juliá Díaz (coord.), ed. Violencia política en la España del siglo XX. pp. 393 (365-406). ISBN 84-306-0393-X.
- Infante, Javier; Torijano, Eugenia (2015). De nuevo sobre los juristas salmanticenses. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. ISBN 9788490125212.
- Ramos Ruiz, Isabel (2009). Profesores, alumnos y saberes en la universidad de Salamanca en el rectorado de D. Antonio Tovar (1951-1956). Universidad de Salamanca. ISBN 9788478003457.
- Rodríguez Barreira, Óscar J. (2007). Poder y actitudes sociales durante la postguerra en Almería (1939-1953). Universidad de Almería. p. 671. ISBN 9788482408460.
- Ruiz, Julius (2005). Franco's Justice: Repression in Madrid After the Spanish Civil War. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-928183-1.
- Sánchez, Isidro, ed. (2012). Educación, ciencia y cultura en España: Auge y colapso (1907-1940). Pensionados de la JAE. Ciudad Real: Almud. Ediciones de Castilla-La Mancha. ISBN 9788493977580.
- Serrano Suñer, Ramón. Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias. Barcelona: Planeta. ISBN 9788432056352.
- Tuñón de Lara, Manuel (2000) [1966]. La España del siglo xx 1. Tres Cantos: Ediciones Akal. ISBN 84-460-1491-2.
Enlaces externos
- Wikisource contiene obras originales sobre Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936.
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